Desafíos actuales de la Inteligencia Artificial

192 Desafíos actuales de la Inteligencia Artificial generará sustanciales dilemas que irán cambiando según la realidad que acontezca en cada momento histórico y evidenciará la complejidad de dicha conexión y su impacto en los dere- chos fundamentales de los ciudadanos. En la actualidad, aunque el Derecho y la IA coincidan en amplias zonas de interés co- mún, la utilización de estos sistemas en el ejercicio de la potestad jurisdiccional pondrá a prueba su intensa relación. Dado que son los seres humanos quienes han creado, desarrollado e implementado la IA, es necesario garantizar el respeto de la dignidad humana y de los dere- chos fundamentales consagrados en los diferentes instrumentos nacionales e internacionales de los que España forma parte, reflejando los valores humanistas en todo el proceso judicial. 4.1.Los derechos fundamentales, la IA y el ejercicio de la potestad jurisdiccio- nal. El sistema judicial español se encuentra condenado a la digitalización y la implementa- ción de la IA, so riesgo de estancamiento, obsolescencia y petrificación. No obstante, la falta de control y transparencia sobre el algoritmo capaz de complementar o adoptar decisiones judiciales, puede impactar en los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente en el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, la imparcialidad o indepen- dencia judicial o el principio de publicidad de las actuaciones judiciales. En una primera aproximación, y de conformidad con lo establecido en el art 117. 3 de la Constitución Española, los Jueces y Magistrados integrados en el Poder Judicial, ejercen la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, cuya legitimación democrática deriva del pueblo y de su sometimiento con exclusividad al imperio de la ley. A tenor del señalado precepto, ser juzgado por un juez humano independiente e imparcial se configura no solo como un derecho fundamental de nuestra Constitución, tal y como proclama nuestra Carta Magna, sino como un re- quisito inherente a cualquier sociedad democrática que pretenda garantizar la paz y el orden social. Téngase en cuenta que, en nuestro ordenamiento jurídico, la emisión de una sentencia judicial fundada, congruente y acorde al derecho aplicable por parte de los titulares de los diferentes órganos jurisdiccionales que conocen de un asunto, cons- tituye el culmen de un proceso jurídico riguroso que tiene como objetivo hacer justicia y proteger los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en el proceso judicial. De acuerdo con esto, el ejercicio de la función jurisdiccional y la emisión de una sentencia no es un simple acto formal, sino el resultado de un análisis jurídico minucioso llevado a cabo por un juez que debe garantizar la congruencia fáctica y jurídica y que estará irremediablemente ligada a la idea de justicia. Así pues, el juez humano no solo es un servidor público que aplica la ley de forma automatizada y estandarizada, sino que es capaz de interpretar el dinámico y cambiante ordenamiento jurídico y buscar soluciones conforme a Derecho dentro de las posibilidades que el propio ordenamiento jurídico le brinda, sin caer en el puro arbitrio.